Por qué ser científico en España es una carrera de obstáculos
- Los predoctorales reclaman un estatuto que regule su actividad y les proteja legalmenteExigen que se les garantice un sueldo de, al menos, mil euros al mesIrene Vázquez (28 años) investiga un tipo de cáncer infantil; Daniel Herranz (26 años) trabaja con nanomateriales para desarrollar pilas de combustible más eficientes; Ana González (25 años) estudia la escritura de mujeres en Marruecos y Miguel Núñez de Prado (24 años) se ha centrado en la esquizofrenia. Son un ejemplo de los jóvenes españoles que, en plena crisis, decidieron dedicarse a la investigación, pese a los recortes, la incertidumbre sobre su futuro y las dificultades que, según aseguran, encuentran incluso antes de ser doctores.
Los cuatro son predoctorales, es decir, están haciendo su tesis (todos en la Universidad Autónoma de Madrid, UAM) y cada uno tiene un tipo de contrato distinto que les permite financiar los cuatro años que tardarán en ser doctores.Pero los más de 30.000 trabajadores predoctorales que hay en España llevan un año en pie de guerra reclamando y negociando su ansiado Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) que, según recoge la Ley de Ciencia aprobada en 2011, debe regular su situación y acabar con la disparidad de sueldo y condiciones que existen en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren y de la convocatoria de ayuda que consigan para hacer su tesis."La Ley de Ciencia establecía que el estatuto debía haber estado desarrollado en 2013, pero hemos llegado a 2018 y seguimos sin él", se queja la bióloga Irene Vázquez.Mientras no lo tengan, denuncia Pablo Giménez, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), "seguirá habiendo predoctorales muy formados que ni siquiera llegan a ser mileuristas". Como ejemplo cita los 720 euros netos mensuales (en 14 pagas) que ganan algunos predoctorales en Extremadura, 736 euros en León o 906 en Valladolid.Garantizar sueldos dignos no es su única reclamación. Aseguran sentirse en un "limbo jurídico" y "desprotegidos" frente a situaciones como la que detectaron en febrero de 2017. Según relata Irene, "de forma retroactiva y sin anuncio previo", se cambió el código de la Seguridad Social asociado a sus contratos, pasando de un código de obra y servicio a uno de prácticas.
"Los predoctorales se dieron cuenta por casualidad, cuando, de cara a realizar estancias en el extranjero, vieron que no podían pedir la tarjeta sanitaria europea; o cuando leyeron su tesis y comprobaron que no tenían derecho a paro, destapando el cambio en las condiciones de contratación", relata.Indignados, crearon asambleas por toda España -la de Granada fue la primera- y convocaron movilizaciones con las que lograron que, de nuevo, se cambiase el código al de Obra y Servicio. Además, obtuvieron el compromiso del Gobierno de hacer un estatuto. Desde el pasado verano, Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i, comenzó a reunirse con representantes de las asambleas, de la FJI y de los sindicatos mayoritarios (CCOO, CSIF y UGT) para recoger las propuestas de cara a escribir este borrador."Durante los primeros meses la negociación fue una tomadura de pelo. Todas nuestras propuestas caían en saco roto. Algunas demandas que se incluían en una reunión se rechazaban en la siguiente y no conseguíamos un avance real", sostiene Pablo Giménez, licenciado en Psicología e investigador en el área de Farmacología.En los últimos meses admite que ha habido avances y se han recogido algunas de sus reclamaciones. Nueve versiones del borrador llevan. La última, que la Secretaría de Estado de I+D+i ha dado como definitiva para la consulta pública, incluye su demanda de que, como mínimo, todos los contratos garanticen mil euros netos al mes (16.422 euros brutos anuales)."Se equipara la figura del investigador predoctoral con el grupo 1 del Convenio Único de Personal Laboral de la Administración General del Estado para garantizar que, como mínimo, tengan ese sueldo", explica un portavoz de la Secretaría de Estado de I+D+i que destaca que "desde 2013 se han ido introduciendo mejoras en los contratos predoctorales".El objetivo de Carmen Vela, añade, "es aprobar el estatuto lo antes posible, aunque la tramitación es compleja". La semana que viene se abre a consulta pública. Posteriormente tendrán que dar el visto bueno el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en el que están representados los ocho ministerios con competencias en I+D, y las comunidades autónomas. Después llegará al Consejo de Estado y finalmente al Consejo de Ministros.Precisamente, 16.422 euros es el sueldo que reciben Irene, Ana, Miguel y Pablo (unos 985 euros netos al mes en 14 pagas), mientras Daniel gana 1.327 euros tras cumplir un trienio (antes eran 1.297 euros). Irene tiene un contrato FPI MINECO (una ayuda para Formación de Personal Investigador que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad) mientras que el de Ana es un FPU (Formación de Profesorado Universitario) que financia el Ministerio de Educación. La mayoría de predoctorales cuenta con uno de estos dos contratos.
El de Miguel es un FPI-1 y su pagador es la Universidad Autónoma de Madrid. Daniel, el que más gana, es ayudante no doctor, y su contrato está financiado por su departamento.
"Nosotros tenemos suerte pero hace un par de años tuve compañeros con becas FPU que no llegaban a los 1.000 euros netos", asegura Irene. "Queremos una regulación, que se nos considere trabajadores de pleno derecho y, ya que hacemos lo mismo, que seamos igualmente valorados. Creemos que nuestras exigencias no son una locura. No pedimos cobrar 2.000 euros, pero que, al menos, todos tengan nuestro sueldo"."El EPIF pretende homogeneizar todos los contratos. Que las condiciones de las ayudas sean lo más parecidas posibles y acabar con la disparidad que hay entre comunidades", dice Ana mientras muestra las tablas con los salarios. En lo más bajo figuran los 11.060 euros brutos al año en la Universidad de Extremadura, los 11.200 euros en la Universidad de León o 13.800 en la Universidad de Valladolid."Es cierto que no sale igual de caro vivir en Madrid que en un pueblo extremeño, pero es el mismo trabajo y las mismas horas", argumenta Irene. Tres de los entrevistados se han independizado y viven de alquiler en Madrid. Ana y Daniel con sus respectivas parejas; Miguel comparte piso con tres personas e Irene sigue en la casa de sus padres en Fuenlabrada: "He mirado para compartir piso en Madrid pero finalmente preferí ayudar a mi familia con mi sueldo".La red familiar sigue siendo importante: "A veces mis padres me dan dinero para pagar los viajes para asistir a congresos. Es significativo que se vean impulsados a ayudarme teniendo un contrato a tiempo completo con un salario que se considera bueno para un joven hoy", reflexiona Ana.También han conseguido que el borrador del estatuto deje de tener referencias al carácter formativo: "No negamos que estamos en un periodo de formación pero nuestro trabajo va a salir publicado en revistas", dice Irene. "Buena parte de la investigación que se hace en nuestro país lo hacen los predoctorales", argumenta Daniel."En todos los países que han salido de la crisis de forma rápida, como Islandia, la clave ha sido invertir en investigación", señala Irene. En su opinión, "la figura de investigador fuera de España está mucho más valorada. Lo que más sale en la tele aquí es el trabajo de máster de Cristina Cifuentes en lugar de, por ejemplo, los avances contra la diabetes u otras investigaciones de las que apenas se informa", protesta."Al colectivo predoctoral nos ha enfadado especialmente el caso Cifuentes", coincide Ana. "Hay que saberse bien y seguir a rajatabla todos procedimientos administrativos. Dedicamos mucho tiempo a la burocracia para que luego haya ciertas personas en el Gobierno que consiguen méritos y títulos por un claro trato de favor".
Otra de las demandas de los predoctorales era que las horas de docencia que pueden impartir a estudiantes universitarios durante la realización de su tesis se limiten a 60 al año, excluyendo el primer curso, de modo que durante todo el doctorado den un máximo de 180 horas. La Secretaría de Estado de I+D+i pretende aumentarlas a 240 en total, aunque en la negociación han conseguido que estas sean voluntarias. "Que los predoctorales impartan tantas horas de clase es un eslabón más de la precarización de la universidad, centrada en reducir costes y contrataciones", dice Ana que cree que si se amplían las horas lectivas que dan, terminarán por reducir los puestos de profesores.
La conciliación es otro de los obstáculos que encuentran las mujeres predoctorales: Fátima Tahiri (27 años) se quedó embarazada poco después de empezar su tesis con la que, según asegura, ha podido continuar gracias a la ayuda de su familia. "Tuve y tengo que seguir en régimen de tiempo completo y no puedo optar a uno parcial. El sistema académico está diseñado para un cierto perfil de personas donde no encajamos los que tenemos familia, los migrantes y la gente de clase media/baja porque hay que hacer viajes al extranjero por congresos, colaboraciones y estancias investigadoras y no todas las personas tienen la disponibilidad ni los medios económicos para hacerlo".El borrador del estatuto contempla que, en caso de embarazo, se podrá interrumpir la ayuda para la tesis o bien hacerla a tiempo parcial, según fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i."Desde CCOO llevamos 30 años defendiendo que el carácter laboral de los contratos para hacer la tesis. No son becas y deben tener todos los derechos laborales de cualquier trabajador", argumenta Alicia Durán, profesora de investigación del CSIC y representante del sindicato CCOO en las negociaciones del EPIF. "Si sale adelante el estatuto, porque de momento es un borrador, será un avance importante para estos chicos", afirma Durán, que seguirá luchando para que en el futuro esos investigadores lleguen a tener derecho a indemnización, una demanda que no se contempla actualmente en los contratos de formación.La Justicia obliga al Gobierno a cumplir la ley
Los científicos más veteranos también están descontentos y no han dudado en llevar su caso ante la Justicia. Han demandado al Gobierno por inactividad y el Tribunal Supremo les acaba de dar la razón. Y es que el desarrollo del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) no es el único aspecto que todavía no ha sido desarrollado por la esperada Ley de Ciencia, aprobada en junio de 2011 con el objetivo de modernizar el sistema científico de nuestro país.
Desde hace casi dos décadas, los casi 900 científicos de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) reclaman que se homologuen sus condiciones laborales y sus retribuciones con las que tienen los 3.000 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Una petición que recogía la Ley de Ciencia de 2011, pero que el Gobierno no ha ejecutado todavía alegando las restricciones para gastos de personal que contemplaban las leyes de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 y 2015 debido a la crisis económica.
Sin embargo, en una sentencia de finales de abril, el alto tribunal da seis meses al Gobierno para que desarrolle esta norma y aplique el nuevo sistema retributivo que debía haber entrado en vigor en enero de 2014. "Llevamos sufriendo 18 años de injusticia y cinco años de ilegalidad", resume Juan Fernández Golfín, Investigador Científico del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) e impulsor de la demanda por inactividad.
"Hemos recibido la sentencia con toda la alegría y toda la tristeza del mundo, porque es muy triste que sean los tribunales los que lo hayan puesto fin a esta situación de desigualdad", señala Marina Albentosa portavoz de la plataforma 5s6s (quinquenios y sexenios) e investigadora del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
"En diciembre de 2011, todos los científicos (tanto del CSIC como del resto de OPI) ingresamos en las nuevas escalas que establece la Ley de la Ciencia y, aunque el nuevo sistema retributivo para todas las escalas debía haber entrado en funcionamiento, sólo se aplica a los científicos del CSIC", explica Albentosa.
Las retribuciones de los 3.000 investigadores del CSIC es similar al de los aproximadamente 30.000 que hay en las universidades. "Es un sistema de estímulos y un indicativo de calidad. Parte del salario procede de los sexenios, que dependen de tu producción científica, como las publicaciones en revistas de prestigio, y de los quinquenios, que premian tu actividad, la participación y liderazgo de proyectos, docencia, etc.", explica.
En la práctica, la aplicación de los quinquenios y sexenios puede suponer un 36% de diferencia en el salario. "La crisis no puede ser una justificación para no habernos pagado a los 870 científicos de los OPI esos complementos cuando sí se han dado a 35.000 investigadores", argumenta Albentosa que, a sus 56 años, asegura tener prácticamente el mismo sueldo desde hace 25 años.
Ahora que el Supremo ha dictaminado que se ha creado una situación de desigualdad entre los científicos de las nuevas escalas, los que venían del CSIC y de los OPI, tienen un nuevo caballo de batalla: "La Ley de Presupuestos de 2018 se publicó antes de la sentencia del Supremo, y una de sus disposiciones adicionales de la norma establece que la homologación de los científicos será desde enero de 2018 y no desde enero de 2014, como contempla la ley". Para corregirlo, el PSOE presentó una enmienda a esta disposición adicional para que reciban esas retribuciones desde ese año. Sin embargo, la enmienda fue desestimada este miércoles en el Congreso con los votos en contra de Ciudadanos y Partido Popular.
La homologación de protocolos en los organismos de investigación para que los sistemas de control de gastos sea similar es otra de sus demandas: "No somos una fábrica y deben adaptarse a nuestra actividad, que es dinámica. Tenemos proyectos que evolucionan y no es tolerable que los tengamos paralizados por trabas burocráticas", explica. "¿Cómo puedo tardar 13 meses en contratar a un investigador aunque tengamos dinero, que hemos conseguido además de forma competitiva de Bruselas, mientras hay colegas en la Universidad de Vigo que tardan un mes y medio?", compara.
"Por supuesto, tiene que haber un control exhaustivo porque se trata de dinero público, pero el objetivo es hacer ciencia y tenemos protocolos tan complejos que hacen que a veces incluso tengamos que devolverlo porque la burocracia no nos ha permitido ejecutar esa inversión".
https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/05/18/5afac74946163fa52b8b45e5.html?fbclid=IwAR1a1QWpRhpIEjbvnT-Xl7kweAEvqxB8kBy6ZjZr2gWplowmHV109yptnDk
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